Antes del viaje a Rionegro (1858)

Antes del viaje a Rionegro (1858)

 John Edwin Leal Ferreira 

La Constitución de Colombia de 1858, un documento emblemático en la historia jurídica del país, representó un avance significativo en la consolidación de principios liberales y la estructuración del Estado. Inspirada en las corrientes ilustradas y en la teoría de la división de poderes de Montesquieu, estableció la separación de los poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial, sentando las bases para un sistema de gobierno democrático y equilibrado. Asimismo, la carta magna introdujo importantes garantías en materia de derechos individuales y libertades civiles, reconociendo la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el derecho al culto y la asociación, entre otros, lo que contribuyó a forjar una sociedad más inclusiva y participativa.

Sin embargo, a pesar de los avances que representó, la Constitución también exhibió limitaciones y deficiencias que merecen ser destacadas. Una de las críticas más relevantes se centra en su carácter excluyente y elitista, evidenciado en las restricciones impuestas para el ejercicio de la ciudadanía, especialmente en el derecho al voto. La exclusión de amplios sectores de la población, como las mujeres, los campesinos y los analfabetos, de participar en la vida política del país, resalta una brecha significativa entre los ideales proclamados en el documento y la realidad social de la época.

Otra crítica relevante se dirige hacia el enfoque centralista y autoritario que la caracterizó. Aunque procuraba un equilibrio entre los poderes del Estado, otorgaba al presidente de la República amplios poderes, lo que podía conducir a prácticas de gobierno arbitrarias y a la vulneración de derechos individuales. Además, la centralización del poder en Bogotá y la limitación de la autonomía de los departamentos y municipios debilitaban el federalismo y restringían la capacidad de las regiones para gestionar sus propios asuntos, generando tensiones en la estructura política del país. En suma, si bien la Constitución de 1858 representó un avance significativo en la consolidación del Estado de derecho y la garantía de derechos individuales, sus limitaciones y deficiencias subrayan la necesidad de una constante reflexión y revisión en aras de construir una sociedad más justa, igualitaria y democrática en Colombia.